El ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, ha instado a la policía, a las autoridades fiscales y a la Agencia de Ejecución sueca a reforzar la aplicación de una ley de 2024 que permite confiscar activos —incluidas criptomonedas— incluso sin pruebas directas de un delito, siempre que la persona no pueda justificar el origen de su riqueza.
La legislación autoriza la incautación de artículos de lujo, dinero en efectivo y activos digitales a individuos cuya riqueza no guarde relación con sus ingresos declarados. Según informes, Strömmer ha hecho hincapié en centrarse en casos que puedan generar importantes beneficios en criptomonedas, bienes raíces y activos corporativos. Desde que la ley entró en vigor, las autoridades suecas han incautado más de 8.3 millones de dólares en ganancias delictivas, aunque no está claro qué parte corresponde a criptomonedas.
Strömmer afirmó además que las autoridades deben redoblar esfuerzos para quitar dinero, criptomonedas y bienes de lujo a quienes no puedan demostrar que los obtuvieron legalmente. La nueva legislación permite estas confiscaciones incluso si la persona no ha sido acusada formalmente de un delito, siempre que su nivel de riqueza no coincida con sus ingresos.
El ministro busca así endurecer la lucha contra las actividades financieras ilegales. Aunque la ley fue diseñada para combatir el crimen violento, ha generado controversia por sus implicaciones legales y éticas.
En una medida relacionada, el diputado sueco Rickard Nordin propuso en abril que Suecia adopte una reserva de Bitcoin, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Nordin sugirió que el país conserve los Bitcoin incautados en lugar de venderlos.
La propuesta se inspiró en una decisión del expresidente Donald Trump en marzo, quien ordenó la creación de una reserva nacional de criptomonedas sin necesidad de gastos adicionales. Esta decisión refleja una tendencia mundial creciente: la de los países que buscan mantener activos digitales como Bitcoin, lo que podría influir en la estrategia sueca a medida que intensifica su ofensiva contra las actividades ilegales relacionadas con criptoactivos.
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