Agentes Federales de Estados Unidos iniciaron un proceso legal para confiscar más de 225 millones de dólares en criptomonedas, en la nayor incautación en la historia del Servicio Secreto en este ámbito. La demanda civil fue presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, y surgió tras la investigación conjunta del FBI, el Servicio Secreto estadounidense y la Fiscalía.
De acuerdo con la declaración de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos, el caso está relacionado con un fraude en el que se engañó a las víctimas a través de esquemas de inversión falsos.
Según la declaración, las autoridades lograron rastrear los fondos robados a través del análisis de la blockchain, el cual reveló que los activos robados habían sido dispersados en miles de transacciones diseñadas para ocultar su origen y seguimiento. A pesar de la complejidad del caso, los investigadores lograron localizar las billeteras digitales vinculadas al fraude y congelarlas. Las mismas forman parte de una red internacional que facilita el lavado de dinero, entre otras cosas.
Según los funcionarios, el caso se basa en lo que se conoce como “estafas de confianza en criptomonedas”, a través de las cuales las víctimas son convencidas de invertir en supuestas oportunidades que terminan siendo estafas. Millones de personas en Estados Unidos, junto a al menos 400 víctimas de otros países, han sido afectadas por este fraude.
“Este tipo de estafas se basan en la confianza de las personas y suelen causarles daños financieros muy graves”, afirmó el agente especial del Servicio Secreto Shawn Bradstreet. Por su parte, la fiscal Jeanine Pirro aseguró que su equipo está comprometido en la lucha contra el fraude en el entorno cripto.
En un post breve publicado en X (antes Twitter), Pirro escribió: “Bajo mi liderazgo, y con el respaldo del presidente Trump y la fiscal general Bondi, la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia está liderando la batalla contra las estadas cripto, colaborando con las agencias federales de todo el país para confiscar los fondos robados y resarcir a las víctimas”.
El Departamento de Justicia también señaló su compromiso para desmantelar las redes que operan estas estadas y devolver los activos a quienes fueron engañados.
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